DISPAC y la crisis de energía en el Chocó: tres propuestas para el debate

CONTEXTUALIZACIÓN

Antes de cualquier manifestación al respecto, debo señalar que trabajé alrededor de la Empresa Distribuidora del Pacífico —DISPAC— prácticamente desde su inicio hasta mediados del año 2022.

A principios del año 2003, frente a mi experiencia específicamente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General de Presupuesto, como profesional especializado, ejercí mis funciones en las áreas de salud, educación, transporte y energía. A esta última fui requerido en el momento del llamado “Apagón Gaviria”, cuando colapsó el sistema eléctrico.

Esta experiencia llevó a que, posteriormente al inicio de operaciones, que fue en agosto de 2002, luego de que el Gobierno Nacional tomara la decisión de ordenar la intervención con propósito de liquidación de la Electrificadora del Chocó y, a través del Documento CONPES 3122 del 17 de junio de 2001, se ordenara la creación de una nueva empresa, fuese convocado a realizar una asesoría técnico-financiera para organizar toda la contabilidad presupuestal desde su inicio.

La historia de Electrochocó, los habitantes y usuarios que la sufrieron saben quiénes fueron los responsables de esa hecatombe.

Así nace la Empresa Distribuidora del Pacífico —DISPAC—, que, con una inversión inicial del mismo Gobierno Nacional de cerca de $440 mil millones, crea un modelo llamado de “Administración del Establecimiento de Comercio”, con un manejo que no permitiera la intervención política local, dado el fracaso de Electrochocó. Ese modelo lo diseñó la empresa consultora Rothschild y, de allí, entonces, se determina que el operador sea una empresa privada, con esa administración delegada, y la remuneración sería a través de un modelo financiero de flujo de caja, sobre la base de los ingresos obtenidos.

INICIOS DE LA OPERACIÓN

Mientras tanto, el gerente fue un funcionario del Ministerio de Minas y Energía; de por sí, hubo tres gerentes encargados. Se hace la licitación para contratar el operador y se adjudica al Consorcio Eléctricas de Medellín, Consultores Unidos e Interaseo. Se entregan los recursos. Mientras la operación es asumida por el consorcio citado, el sistema eléctrico lo operan a través de ISA.

Así que, como ya lo he citado, en agosto de 2002 se inician las labores. En lo que se recibe y adquiere de Electrochocó están la línea de transmisión entre Bolombolo y Huapango, en Quibdó; las subestaciones de Huapango, Cértegui e Istmina; una base de datos de usuarios que para nada sirvió, más algún poco material que tenían en sus bodegas.

Se asignaron directamente, de esos recursos, cerca de 45 mil millones de pesos para la construcción de la línea de interconexión a 115 kV entre la subestación de La Virginia y la de Cértegui. Esa línea se contrató con ISA y esta la subcontrató. Eso costó cerca de 25 mil millones de pesos y el saldo se invirtió en renovar y modernizar las tres subestaciones.

Se iniciaron labores de facturación desde el mes de octubre, con lo que habían recibido de Electrochocó. Vaya problema: esa base de datos era un desorden y una locura. Así que se tuvo que iniciar de cero, facturando promedios, mientras se instalaban los nuevos medidores y sus respectivas acometidas, de los que hubo que tomar la decisión de entregarlos en comodato, pues las comunidades no aceptaron que se les cobrara el medidor, como era la pretensión inicial. Primer gran triunfo de la comunidad.

Así se operó hasta el 2015. Ahí un gerente cambió las reglas del juego y modificó el contrato que iba hasta 2022. Llegó un nuevo operador, empresa con base en el Valle del Cauca, Proyectos de Ingeniería —PROING—.

Hasta ahí el esquema funcionó dentro de parámetros normales. Contratistas que cumplieron a cabalidad con el contrato. Posteriormente, llega otra empresa operadora con base en la ciudad de Barranquilla. Llegaron afectando hasta a los trabajadores, sin aumentar los salarios a los que devengaban algo más del mínimo, con dotaciones de herramientas de baja calidad y reducidas, pues llegaron a hacer su agosto. Lo normal de una empresa privada, sin duda, es obtener beneficios económicos, porque en este sistema no es negocio comprar pan para vender pan. Tiene que tener utilidades, pero estos exageraron.

Y así el consorcio operador actual llegó al punto de que les crearon el sindicato de trabajadores. La cosa no ha sido fácil.

PUNTOS DE ANÁLISIS

1. LA EMPRESA

De propiedad del Gobierno Nacional en un 99,996 %, conformada como una Sociedad de Economía Mixta, inicialmente con socio mayoritario el Ministerio de Minas y Energía, con sociedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y una acción para cada una de cuatro (4) electrificadoras, tiene una Junta Directiva que, según los estatutos, debe estar conformada por tres miembros principales y tres suplentes, que obviamente deben asistir cuando alguno de los principales no esté presente en la sesión correspondiente.

Pero aquí esa Junta Directiva se convirtió en seis principales, prácticamente, sin justificación técnica, solo para complacer apetitos burocráticos.

Pues esos seis funcionarios delegados por los dos ministerios son profesionales que pontifican desde su escritorio. Casi ninguno conoce al Chocó y, cuando les dicen que se va a realizar una sesión en Quibdó, sacan el cuerpo, en su mayoría. O pregunten: ¿cuántas sesiones de la Junta Directiva se han realizado en el Chocó en todo este tiempo de funcionamiento?

Además, porque diría uno que la comodidad de estar en Bogotá llevó a que la sede administrativa y la gerencia de la empresa se quedaran allí, dada la delegación de funciones de la operación en un contratista privado.

Entonces, el gerente de DISPAC se entera de lo que le quiera decir el operador y, con esta información, se informa a los miembros de Junta que pontifican desde su comodidad.

Ahora bien, en DISPAC no ha habido un solo gerente que hubiese conocido o estado en el Chocó. Llegan a improvisar. El “cartel de las marionetas” sí estuvo con gerente posesionado sin los requisitos mínimos y se le informó a la Junta Directiva, y desconocieron este hecho, en el gobierno de Duque.

En su momento se presentó a la Junta Directiva que la empresa asumiera directamente la operación, con los debidos estudios técnicos y financieros, y los ahorros que beneficiaban a la empresa, y esos burócratas no lo admitieron.

2. EL PROBLEMA DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN

La línea de interconexión entre Bolombolo y Huapango fue construida hace cerca de 50 años. Con todas las afectaciones de la violencia, con atentados a las torres de transmisión, el clima y la humedad del territorio, entre otros aspectos, obviamente se tiene que deteriorar.

En su momento esa zona no estaba habitada. Entiendo que a Electrochocó le entregaron los recursos para adquirir la servidumbre y, pues, hoy en día cualquier reclamación prescribió. Y las comunidades que hoy están dentro de esa área menos tienen derecho a reclamar. Además, porque DISPAC le pagó a la liquidación de Electrochocó esos activos, incluida la servidumbre.

Esto lo cito porque, a finales del año 2016, se realizó una licitación debidamente sustentada y justificada para repotenciarla. A un contratista oriundo del departamento de Nariño se le adjudicó ese contrato.

Ante las exigencias de las comunidades que habitan esa zona actualmente, se hizo la consulta al Ministerio del Interior sobre la posibilidad u obligación de hacer consulta previa y esta entidad señaló que, en virtud de que era repotenciación y no una línea nueva, no se requería tal consulta.

El tira y afloje se arma, especialmente, con las comunidades indígenas exigiendo el oro y el moro. Quisieron solucionar todos sus problemas con cargo a ese trabajo que se debía realizar, dado el alto riesgo que se tiene y que hoy se está sufriendo de un apagón total. Entonces bloquearon el trabajo porque no se les satisfizo, a manera de lograr beneficios para sus comunidades.

Entonces hoy, cuando se presentan esos daños en dichas zonas, no dejan ingresar a los trabajadores a solucionar el problema, a menos que suceda, como en este último apagón, que se tenga que enviar desde Quibdó a un “negociador” para dejarlos ingresar al terreno. Quitan las herramientas a los operarios y, en algunas ocasiones, los “capturan” y los meten al cepo.

Hice algunas consultas y, para ser claro, de todas esas comunidades indígenas existentes en esa zona, que también han presionado y exigido emolumentos a los contratistas de la carretera, solo y únicamente tiene titulados los terrenos la comunidad del 18. Los demás no son de ahí; entonces, no tienen derecho a reclamar ni a entorpecer el buen desarrollo de las obras.

Además, porque DISPAC no tiene entre su objeto social construir coliseos, ni casas, ni placas deportivas, ni estar dándoles mercado ni dinero cada que se les antoja.

Con base en esta información sugerí en su momento a la Empresa DISPAC que demandara jurídicamente ese hecho para poder hacer el trabajo de repotenciación de la línea, dado que, además, los intereses generales de toda la comunidad chocoana están por encima de los individuales de esas comunidades.

La Procuraduría Regional, en su momento, estuvo acompañando el proceso de “diálogo”, pero fue imposible. Ese contrato se cedió a otro contratista y tampoco fue capaz de realizar las obras, dadas esas circunstancias, y entiendo que debió liquidarse, pese a que el material, como las torres que se mandaron a fabricar en Turquía, el cable que se adquirió y demás elementos, estaba disponible.

No sé qué sucedió con ese material. Esa fue una pregunta que se realizó en la sesión con los organizadores de la protesta y no hubo respuesta.

3. LA IDA DE DISPAC DEL CHOCÓ

Con todo respeto, tumbar un aviso no soluciona la grave situación que se vive en el tema de la prestación del servicio de energía. Esas manifestaciones de violencia no llevan a que no se caiga el sistema de transmisión de la energía. ¿O no lo estamos viviendo?

Claro que es necesaria la protesta, pero con argumentos, compromisos y soluciones.

¡Que se vaya DISPAC! Cambiar el nombre por el que se quiera, sin que el Gobierno Nacional le inyecte los recursos a su propia empresa, no genera la solución. Lo que hay que exigir es precisamente que se asignen realmente los recursos.

Ahora, que llámese el cargo que quiera, que participe en la Junta Directiva, menos, porque seguramente, si acaso, tendrá voz, pero no voto. Hay que hacer incluir, que reformen los estatutos y le permitan a un veedor serio, responsable, que no vaya por lo suyo, representar a la comunidad.

4. LAS TARIFAS Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

Lamentablemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG— “legisla” en términos generales igual para todas las empresas a las que cubre su función regulatoria. No tiene diferencias; las fórmulas de cálculo de, en este caso, las tarifas son genéricas.

DISPAC, por su ubicación territorial, como zona húmeda, selvática y con altos niveles de pluviosidad y descargas eléctricas, tiene una condición de deterioro de sus líneas de transmisión más alta que cualesquiera otras empresas. Así que la fórmula de cálculo de la tarifa, que incluye estos aspectos, no tiene diferencia alguna.

Ahí debe exigirse a la CREG esa regulación especial para que la fórmula del Costo Unitario (CU) sea diferenciada. Mientras tanto, DISPAC tiene que ceñirse a las normas regulatorias existentes.

Mientras la CREG no tome legalmente esa decisión, le pueden estar pidiendo al presidente todas las veces que quieran, que él no puede tomar esa decisión. No sé si tenga la injerencia política para “obligar” a esa comisión a tomar decisiones de ese orden. Ese tema se ha planteado hace mucho tiempo atrás y han hecho oídos sordos. Y, si no, recuerden que dentro del pliego presentado en el paro se incluyó el tema y nada ha pasado.

Y, sin duda, esa tarifa internamente puede reducirse en la eventualidad de que se logre construir la generadora hidráulica de La Vuelta, pues, como se conoce, dentro de la tarifa o Costo Único (CU), casi el 50 % está representado en el componente de la generación y, al lograrse que dicha generadora le suministre la energía directamente, el costo se reduce.

En un artículo publicado en el periódico virtual Chocó 7 Días, planteé una propuesta que deja la posibilidad de que se instalen pequeñas generadoras en zonas no interconectadas, sin necesidad de entrar en el Sistema Interconectado Nacional. Aquí dejo el enlace: Tenemos cómo generar energía para todo el Chocó.

1.ª PROPUESTA

Traer a que funcione la empresa directamente en el territorio, sin intermediario. Que asuma el manejo directo de la operación y no seguir manejando la empresa a control remoto, haciendo que el operador se beneficie económicamente, encareciendo la operación.

Con esto, la empresa se ahorraría una buena cantidad de recursos que se reinvertirían en sí misma. Además de la asignación de los recursos por parte del Gobierno Nacional para reparar las líneas existentes, construir otra línea y la generadora de La Vuelta.

2.ª PROPUESTA

Demandar judicialmente a las comunidades que han afectado el desarrollo de la obra de repotenciación, ponerlos en su sitio y poder realizar los trabajos, bajo la premisa de que los intereses generales priman sobre los particulares.

Y, con base en los títulos de propiedad de los terrenos, se podría entrar a negociar algunos aspectos, como que se les instale su energía bajo cualquier modalidad y, en esto, me refiero a un sistema de energía solar, etc.

3.ª PROPUESTA

La inclusión en las decisiones de la empresa de un representante de la comunidad, con conocimiento de causa; por ejemplo, un integrante de la Asociación de Ingenieros Eléctricos del Chocó.

Porque para que lleguen los politiqueros de oficio, que llegan a buscar favorecer a sus amigos y a pedir contratos y puestos, sobra tiempo.

En esto se debería centrar la discusión.